Para contribuir al desarrollo de una política pública consistente, en el presente documento:
- se proponen algunos principios que deberían guiar las concepciones y el desarrollo de leyes y políticas sobre la cuestión del derecho penal y el VIH/SIDA;
- se identifican una serie de consideraciones de política pública que los Estados deberían tener en cuenta al tomar decisiones sobre el uso del derecho penal;
- se examina la alternativa a la penalización presentada por la legislación sanitaria;
- se discute si el derecho penal podría aplicarse justificadamente, y cómo debería hacerse, teniendo en cuenta concretamente: (a) si está justificada la legislación específica sobre el VIH; (b) qué actos que transmiten el VIH o corren el riesgo de transmitirlo podrían ser objeto de sanciones penales; y (c) qué grado de culpabilidad mental debería exigirse para imponer sanciones penales; y
- se ofrecen recomendaciones a los gobiernos, la policía, los fiscales, los jueces y las autoridades sanitarias respecto al uso apropiado de las sanciones penales y las medidas de salud pública coercitivas.